Las Diputadas Nacionales Victoria Donda y Cecilia Merchán, del Movimiento Libres del Sur, junto a Leonardo Gorbaz del Proyecto Progresista de Tierra del Fuego y Verónica Venas, de Solidaridad e Igualdad (SI) de Santa Fé, presentaron un proyecto para destacar a las Universidades, Facultades y Escuelas que a lo largo del país eligen rechazar los fondos de la minera La Alumbrera. Este es el texto del proyecto:
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Expresar beneplácito por la decisión de distintas Unidades Académicas del Sistema Universitario Nacional de rechazar los fondos provenientes de la empresa Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio - YMAD, contemplados en el art. 18º inc. c de la Ley 14.771 y conformar equipos o comisiones de investigación sobre las consecuencias ambientales, sociales, económicas que la misma está ocasionando dentro del Territorio Nacional.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy en día, nuestras Universidades Nacionales de gestión estatal se encuentran frente a un debate que se torna de gran importancia: Cuál es el rol de la Universidad Pública en términos de aporte al mejoramiento de la calidad de vida de la población, al cuidado de los recursos naturales y al bienestar social. Por otro lado, se presenta un dilema que es central a la hora de pensar nuestro sistema educativo superior y sus objetivos: qué recursos financieros alternativos al Estado recibe, de dónde provienen esos fondos y qué daños sociales, ambientales y económicos provocan las empresas que los distribuyen.
Creemos que es necesario recuperar el rol activo de las Universidades en la toma de desiciones sobre el capital alternativo y el compromiso social que asumen para con la sociedad y el país. Esto, deberá ir acompañado de un profundo compromiso por parte del Estado en sus diversas instancias para incrementar el presupuesto destinado para la Educación superior evitando ahogos presupuestarios y definiendo una nueva reglamentación que garantice la responsabilidad indelegable del Estado en el financiamiento del sistema educativo superior, derogando la ley vigente desde 1995 la cual perpetuó un modelo de concentración de poder, de reducción de las capacidades de investigación, de degradación del título de grado, el ingreso de grandes cantidades de capital "alternativo" que en los peores casos ha condicionado los planes de estudio y puesto en discusión el nivel de autonomía de las Universidades frente al poder económico concentrado.
Estamos discutiendo en el ámbito de la comisión de educación de la Cámara de Diputados cuáles deben ser las bases, objetivos y características que debe tener nuestro sistema de Educación Superior, como elemento estratégico del desarrollo del país y como espacio de formación de profesionales comprometidos con su pueblo, con la realidad social, económica, ambiental del País.
Tenemos claro que el yacimiento que hoy explota Minera Alumbrera Ltd. en la localidad de Belén, Catamarca, fue descubierto por el Dr. Abel Peirano y registrado a nombre de la Universidad de Tucumán en 1948. Luego la Provincia de Catamarca reivindicó su derecho a la propiedad del yacimiento, por lo que se conformó YMAD, una empresa interestatal creada en 1958 por ley 14.771, integrada por el Estado Nacional, la Provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán.
Para poder explotar la mina (el Código de Minería prohíbe al Estado hacerlo en forma directa) YMAD conformó en 1994 una unión transitoria de empresas (UTE) con la trasnacional La Alumbrera Ltd, compuesta por la suiza Xstrata y las canadienses Goldcorp Inc. y Yamana Gold.; por tal razón YMAD recibe el 20% de las ganancias de la explotación.
La Alumbrera fue pionera en lo que se denomina "megaminería metalífera a cielo abierto"; hoy es el proyecto en funcionamiento más grande del país. Considerando las declaraciones juradas presentadas por la empresa - único mecanismo de control- se calcula que exporta un promedio anual de 180.000 tn de cobre y 600.000 onzas troy de oro, en momentos que el precio internacional supera los 900 dólares la onza. Ubicada en zona árida, utiliza 100 millones de litros de agua por día y consume el 87% del total de energía eléctrica de su provincia, el 37% de todo el noroeste argentino.
De acuerdo al artículo 18 de la ley mencionada, de ese porcentaje de ganancias YMAD debe distribuir un 60% para la provincia de Catamarca y un 40% para la construcción del campus de la Universidad Nacional de Tucumán. Finalizada esta obra, debe girar un 20% para la Universidad de Tucumán y el 20% restante al Consejo Interuniversitario Nacional para las demás universidades.
Pasados 11 años de su puesta en marcha, La Alumbrera comenzó el año pasado a desembolsar los fondos para las universidades; casualmente el mismo año en que la Cámara Federal de Tucumán procesó al vicepresidente de la firma Julián Rooney, por los niveles de metales hallados en los afluentes arrojados en el canal DP2 en las provincia de Tucumán, que desemboca en el Embalse de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.
El CIN aceptó sin cuestionamientos 50 millones de pesos en 2008 (Ac. Pl. Nº 672/08) y casi 37 millones en 2009 (Ac. Pl. Nº 699/09). Sin embargo se ha abierto un debate en el ámbito universitario por la aceptación o no de estos fondos. En algunos casos optaron por su rechazo: las Facultades de Psicología y de Filosofía, la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba; la regional Esquel de la Universidad de la Patagonia, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. En otros, los fondos se aceptaron pero con mociones de disidencia en minoría, como en la UBA, o la Universidad de San Juan, algunas Facultades de la Universidad del Litoral, entre otras.
Otras además, optaron por investigar las consecuencias de la actividad minera en el país, para luego pronunciarse públicamente sobre el tema, como es el caso del Consejo Superior de la Universidad de Córdoba y la mencionada Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
El hecho de que los fondos que se giran lo hacen en cumplimiento de una ley; las necesidades presupuestarias, los cuestionamientos a los enormes privilegios de la actividad minera y a su impacto ambiental; la pérdida de soberanía sobre nuestros recursos naturales; las distintas visiones sobre cuál debiera ser el accionar de la comunidad universitaria hacia su interior y de cara a la sociedad son los principales ejes que sustentan este complejo debate abierto. La nota enviada por docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Catamarca a su Rector al momento de decidir sobre los fondos, resulta oportuna para aclarar algunos puntos:
"(...) Cabe recordar que la Ley Nro. 14.771 por la que se crea YMAD tiene como antecedente inmediato las históricas jornadas de movilización del pueblo catamarqueño del 12 y 13 de marzo de 1958 en defensa de los intereses de la provincia y contra la 'entrega' de sus yacimientos a 'empresas foráneas'. En el espíritu de la época plasmado en el texto de la ley queda claro que lo que estaba en discusión era quién controlaría el proceso de explotación y cómo se distribuirían los beneficios: la provincia de Catamarca no quería ceder su rol en ninguno de ambos aspectos (...). Al mencionar cada una de las etapas del proceso minero, la Ley expresa explícitamente la voluntad de que sea el Estado, a través de YMAD, el que controle todo lo referido a la explotación de los yacimientos.
Además la Ley pone énfasis en que no se dé lugar a ninguna empresa privada, mucho menos extranjera, a intervenir o tomar injerencia en la explotación de tales yacimientos, por lo que en tal sentido el Art. 5 de la misma decía: 'YMAD no podrá transferir por ningún concepto los derechos que por la presente ley se le otorga ni los que se deriven de la concesión minera a que se refiere el artículo 4º, total ni parcialmente, a personas o empresas privadas, nacionales o extranjeros, ni empresas mixtas, nacionales o provinciales.'
En ese marco, la asignación de fondos a las Universidades Públicas tenía el sentido de alentar el 'desarrollo nacional' y afianzar las condiciones de soberanía política, independencia económica y autodeterminación cultural, proyectando a las universidades estatales como centros de producción autonómica de la investigación científica y la innovación tecnológica a tales fines.
Es evidente que las sucesivas reformas impulsadas, primero por las dictaduras militares y luego por las leyes mineras de los '90 (Leyes 24.196 y sus correlativas), provocaron un cambio drástico de las condiciones históricas en las que finalmente se efectivizaría la explotación de los yacimientos mineros concedidos a YMAD. Más allá de cualquier evaluación política, es un hecho objetivo que tales reformas han significado el ingreso de las grandes corporaciones mineras transnacionales y que son éstas quienes hoy controlan las grandes explotaciones de los recursos mineros del país. Un aspecto no menor dentro de tales cambios es el referido a las sustanciales transformaciones tecnológicas experimentadas por la 'industria minera' a nivel mundial, la que, con los procesos extractivos 'a cielo abierto' con el uso de sustancias tóxicas, se ha tornado crecientemente destructiva del ambiente y riesgosa para la salud de los hábitats y las poblaciones, como ya se ha indicado (...).[1]
En Latinoamérica, los impactos ambientales negativos de estas grandes trasnacionales que operan en el sector no son "la falla" o la "exepción"; son la consecuencia directa de las ventajas comparativas que ellas mismas propiciaron para radicarse en estas tierras. En los países centrales de origen, la rigurosa legislación vigente impidió que pudieran mantener sus tasas de ganancia y al mismo tiempo responder a los resguardos ambientales que demanda la tecnología utilizada. Así, Xstrata enfrenta denuncias, multas y causas judiciales abiertas en Perú y Colombia; Goldcorp Inc. en Honduras, Guatemala, México y República Dominicana; y Yamana Gold en Honduras, por mencionar sólo los casos en Latinoamérica de quienes integran La Alumbrera.
Como respuesta a las voces críticas, hacen uso del "clientelismo" con donaciones sistemáticas a instituciones públicas acompañadas de ostentosos actos publicitarios a favor de las empresas involucradas fabricando "consensos mineros" que dificultan claramente cualquier intento de control desinteresado. Si el aporte económico no es suficiente para sus objetivos, utilizan el lobby político en altas esferas de los gobiernos, como con el veto presidencial a la Ley de Protección de Glaciares. Y si el lobby no alcanza, rápidamente acuden al resto de sectores de poder económico para promover lisa y llanamente la destitución de aquellos gobiernos que deciden recuperar soberanía, como el caso de Goldcorp Inc y Yamana Gold en apoyo al golpe que destituyó al presidente Zelaya en Honduras, días antes de que el parlamento iniciara el debate para modificar la legislación minera.
Retomando aquello que planteábamos arriba, creemos firmemente en la necesidad de tomar posición frente a estos hechos. Las Universidades son públicas, gratuitas y autónomas, por lo tanto reivindicamos su derecho a analizar, evaluar y definir el rechazo de los fondos provenientes de una experiencia que devino en el abuso de los Recursos Naturales, afectando comunidades, destruyendo el agua, la tierra y el aire, con causas judiciales abiertas y miles de denuncias realizadas.
Creemos por esto necesario apoyar y promover la decisión tomada en las casas de estudio antes citadas para fortalecer la visión de que la universidad no es una isla, no es un negocio; es el espacio estratégico de formación de profesionales con conciencia de la necesidad de políticas públicas basadas en el desarrollo sustentable y la mejora de la calidad de vida de toda la población.
Por último, entendemos que el Congreso Nacional debe ser consecuente con aquello que reclama a las universidades y organismos universitarios y repensar la situación de la explotación de los Recursos Naturales, fomentando la Soberanía Nacional y reformulando aquellas leyes vigentes para que el desarrollo sustentable deje de ser una mera construcción discursiva y se torne un pilar de la política de Estado.
[1] La nota enviada al Rector de la Universidad Nacional de Catamarca, Ing. Flavio Fama, el 17 de junio de 2009, lleva las firmas de Elsa Ponce (DNI 17.529.677); Carlos Fígari (DNI 17.784.490); Alejandro Haber (17.365.319); Juan Manuel March (DNI 17.755.111); Luis Alberto Reyes (DNI 6.655.498); Horacio Machado Aráoz (DNI 21.325.778); Valentín González (DNI 8.157.148); Carina Jofré (DNI 25.995.603); Luis Ibáñez (DNI 14.058.716); Héctor Ariel Feruglio (DNI 25.117.242); María Martha Ríos (DNI 18.060.665); María Teresa Cano; Nelson Mercado (DNI 35.391.503); José M. Agüero (36.029.358); Ana Laura Vera (DNI 35.286.155); Gustavo Vera; Cristina Visñovezky (35.388.113); Jorge Alberto Perea (DNI 21.661.083); Maximiliano Arréguez (DNI 35.389.030); Laura Roda (29.311.863); Enzo M. Acuña (DNI 31.450.884); Cristian A. González (DNI32.445.289); Leandro D'Amore (DNI 23.958.650); Vanina Picapietra (DNI 27.848.376); Débora Egea (DNI 34.927.220); Selene Araya (P 17016879-8); Mariana Barrionuevo (DNI 30.121.953); Rocío Carolina Mallea (DNI 33.935.357); Nicolás M. Ahumada (DNI 33.550.192); Marcia Vergara (DNI 34.243.328); Enrique A. Moreno (DNI 27.957.535); Pablo Olea (DNI 30.319.575); Pablo Romero (DNI 32.750.273); Sergio Silva (DNI 29.310.737); Gilda Saquilán (DNI 35.500.999); Georgina Ríos (DNI 39.015.238)
11/9/09
Nota presentada ante Consejo Académico Facultades UNLP
HONORABLE CONSEJO ACADÉMICO:
Nos dirigimos a ustedes a fin de solicitarles el rechazo de los fondos del Consorcio Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) redistribuidos por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Entendemos que al aceptarlos, utilizaría beneficios económicos obtenidos por Alumbrera Ltd. en base a la violación de normativas vigentes, a la contaminación del ambiente, la enfermedad de personas expuestas y al clientelismo empresarial generando una vinculación en la que serán cómplices las universidades, permitiendo que estas empresas impongan condiciones en desmedro de la calidad académica y la autonomía científica.
La universidad al servicio de los intereses económicos transnacionales, pierde todo rol como partícipe promotor del desarrollo nacional, asesina al pensamiento crítico y emancipador, y pone el capital intelectual acumulado al servicio del saqueo. Nuestra acción se transforma así en un eslabón más de la entrega.
La universidad debe ser autónoma a los intereses de las multinacionales y debe guiar un conocimiento y una investigación orientada a satisfacer las necesidades populares.
Esperamos la pronta aprobación de este proyecto y su implementación.
A continuación adjuntamos el proyecto.
Saluda atentamente, Movimiento Universitario Sur
PROYECTO: “RECHAZO DE LOS FONDOS PROVENIENTES DE LA YMAD POR PARTE DE LA FACULTAD DE CS JURÍDICAS Y SOCIALES”
VISTO:
La nota presentada por estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata , referida a los fondos de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) previstos en la Ley 14.770, a partir de la cual el Consejo Interuniversitario nacional debe distribuir dichos fondos al resto de las Universidades Nacionales del país; y
CONSIDERANDO que:
Existe la necesidad de discutir y decidir sobre el sentido y el alcance de la educación y la investigación que realizan las instituciones universitarias; De acuerdo a denuncias de distintos sectores de la sociedad, de aceptar esta Universidad los fondos del Consorcio Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) redistribuidos por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), estaría utilizando los beneficios económicos obtenidos por Minera La Alumbrera en base a la violación de normativas vigentes, la contaminación del ambiente, la enfermedad de personas expuestas y el clientelismo empresarial generando una vinculación que la convertiría en cómplice , permitiendo que estas empresas impongan condiciones en desmedro de la calidad académica y la autonomía científica;
Ante esta estrategia de “seducción”, diversas unidades académicas han mantenido sus principios en alto, rechazando los fondos de este tipo de empresas, que vienen a legitimar sus actividades, colonizando también la educación, tales como las facultades de Cs Exactas y Bellas Artes de la UNLP ; Ciencias Sociales de la UBA ; de Arte de la UNICEN ; Trabajo Social, Ingeniería, Ciencias de la Educación y Bromatología de la UNER ; Psicología, Filosofía, Derecho y Ciencias Sociales, junto a las escuelas de Ciencias de la Información y Biología de la UNC ; Humanidades de la UNAS ; Humanidades de la UNCOMA , entre otras que han recibido pedidos para que se pronuncien en ese sentido. Entendemos que el resto de las facultades deberían actuar de modo similar a estos dignos ejemplos.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no tuvo reparos a la hora recibir de la minera los 36,8 millones de pesos en el 2009, que se suman a los 50 millones de pesos recibidos en 2008. Los fondos destinados a las 40 universidades nacionales desde la minera condicionan la necesaria independencia al investigar y producir dictámenes técnicos. Las empresas que integran La Alumbrera han sido acusadas internacionalmente por incumplir normas vigentes, violar derechos humanos, dañar el ambiente y comprometer la existencia y funcionamiento de cuencas hídricas vitales para ambientes semiáridos;
Este tipo de empresas extractivas son actores principales del modelo de saqueo colonial que el capitalismo destina a los países de América Latina; y trae para los pueblos de la región más dependencia y problemas sociales, además de represión a quienes se oponen. Ante este genocidio silencioso, a lo largo de la Cordillera y de América Latina, se han gestado innumerables asambleas populares conformando la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) que desde hace cuatro años vienen denunciando la connivencia de ciertos sectores políticos, académicos, religiosos y sociales con el poder saqueador y contaminante;
El sistema universitario y científico debe jugar un papel aún más significativo porque es uno de los pocos actores públicos que puede proveer los saberes técnicos independientes. Es de público conocimiento que muchas instituciones universitarias están trabajando al servicio de las corporaciones, en este caso, las grandes mineras. No es un secreto, estas relaciones se exponen como grandes logros en materia de convenios, colaboraciones, extensiones. En el marco actual, la aceptación de los fondos planteados por ley 14.771 condiciona la autonomía universitaria, poniendo en duda la legitimidad de los desarrollos científicos realizados en las diversas casas de altos estudios y encamina una universidad al servicio de los intereses de empresas multinacionales que nada tienen que ver con el desarrollo de nuestro pueblo;
Nuestro país necesita una Universidad Nacional que sea autónoma, pública, crítica, participativa y emancipadora, que pelee por un mayor presupuesto, que no esté al servicio de capitales e intereses privados, que defienda un país soberano, el cuidado del ambiente y los derechos humanos, consecuente con los reclamos de nuestros pueblo que resisten a la depredación de nuestra tierra y al despojo de los bienes comunes;
Por todo ello;
EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
RESUELVE:
Artículo 1º: Repudiar los daños sociales, ambientales, económicos, y políticos que ocasionan los Yacimientos Mineros de Agua Dionisio (YMAD), y a su modo extractivo a cielo abierto.
Artículo 2º: Rechazar los fondos provenientes del YMAD y poner en conocimiento de esta resolución a los consiliarios de la FCsJyS para que sostengan esta misma posición ante el Honorable Consejo Superior.
Artículo 3º: Disponer los medios de comunicación más eficaces y hacer conocer a la comunidad de esta decisión de la facultad, solicitando el respaldo.
Artículo 4º: Comunicar dicha resolución a los restantes Honorables Consejos Directivos y a las distintas escuelas de la Universidad Nacional de La Plata.
Artículo 5º: Elevar al Honorable Consejo Superior la resolución a fin de que adopte la misma posición y rechace los fondos.
10/9/09
Docentes de la Universidad Nacional de Catamarca, piden rechazar fondos de La Alumbrera
San Fernando del Valle de Catamarca, 17 de junio de 2009.-
SEÑOR RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
Ing. FLAVIO FAMA
De nuestra mayor consideración.-
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. y, por su intermedio, al Consejo Superior de nuestra Casa de Estudios a fin de solicitarles tengan a bien rechazar los fondos provenientes de la explotación minera operada por la empresa Minera Alumbrera Ltd., y que por segundo año consecutivo se ha repartido entre las Universidades nacionales del país, de acuerdo a lo establecido por el art. 18 de la Ley Nro. 14.771. Asimismo queremos solicitar que a través de la Universidad Nacional de Catamarca se plantee al Consejo Interuniversitario Nacional una disposición en el mismo sentido.-
Profundas razones éticas y políticas de fondo justifican esta solicitud. En primer lugar, no se puede desconocer que esos fondos provienen de una empresa que se halla actualmente procesada por el delito federal de contaminación peligrosa para la salud, en infracción del art. 55 de la Ley 24.051 (1), a raíz de la composición y de los niveles de metales hallados en los efluentes que la minera desecha en el canal DP2 en la provincia de Tucumán y que desembocan finalmente en el embalse de Termas de Río Hondo (provincia de Santiago del Estero). Tras un largo proceso judicial –la causa se inició en 1999- la Cámara Federal de Tucumán, basándose en el propio informe de impacto ambiental elaborado y presentado por la empresa, en pericias realizadas por Gendarmería Nacional y la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Tucumán y en un informe de la misma Secretaría de Minería de la Nación (2), consideró que “se encuentra acreditada la existencia de contaminación ambiental en el canal de desagüe donde vuelca sus efluentes industriales la empresa Minera La Alumbrera” y procesó al vicepresidente de la firma, Julián Rooney, en mayo de 2008. Si bien se trata de un proceso judicial abierto, a la espera del juicio oral y público para el Sr. Rooney, llama profundamente la atención que no se hayan suspendido preventivamente las operaciones de la minera hasta que finalice dicho proceso. En relación a nuestro pedido, consideramos que, como mínimo, no habría que aceptar dichos fondos hasta tanto no haya una resolución definitiva sobre la causa.
En segundo lugar, tampoco se puede desconocer ni hacer caso omiso de las cuantiosas y graves denuncias que, más allá de los estrados judiciales, vienen realizando las poblaciones aledañas sobre el severo impacto socioambiental, económico, político y cultural negativo que esta explotación ha significado y continúa provocando en su vasta zona de influencia. Debido a la grave e irreversible destrucción de los ecosistemas, la contaminación de las fuentes de agua, el descomunal consumo de agua y de energía, la magnitud y peligrosidad de los insumos y efluentes, la profunda afectación de la flora, la fauna, el hábitat y el paisaje local, la consecuente pérdida de biodiversidad y la degradación general de las condiciones socioambientales mínimas requeridas para las restantes actividades económicas, para la salud humana y la reproducción de la vida en general, involucradas como efectos y consecuencias insoslayables de este tipo de explotaciones mineras, ha hecho de las mismas una de las actividades ‘económicas’ más cuestionadas y resistidas a nivel mundial.
En consonancia con tales resistencias, las poblaciones aledañas al emprendimiento han venido denunciando sistemáticamente las alteraciones en sus ambientes y formas de vida, y la degradación generalizada de sus condiciones sanitarias. Como respuesta, nuestras poblaciones del interior sólo han visto incrementarse hasta niveles ridículos las vergonzantes prácticas del clientelismo de empresa practicado por Minera Alumbrera bajo el revestimiento ideológico de la denominada ‘responsabilidad social empresaria’, para acallar las voces críticas y fabricar espuriamente ‘consensos pro-mineros’ nacidos de la coerción económica (3). De parte de las autoridades gubernamentales, el silencio y la omisión sistemática, la falta de controles y de voluntad política para constatar y fiscalizar las operaciones de la explotación y sus efectos, han sido la respuesta oficial generalizada a tales reclamos (4).
Frente a este panorama, nuestra Alta Casa de Estudios no puede seguir pretendiendo permanecer al margen de los conflictos suscitados. Como institución dedicada a la investigación científica, no podemos ignorar la multiplicidad de casos de destrucción y contaminación ambiental que la minería a gran escala ha generado a nivel mundial y la cantidad de denuncias y causas judiciales abiertas por violaciones a los derechos humanos frente a poblaciones que se han opuesto a la radicación de sus explotaciones alrededor del mundo. Una vasta bibliografía se ha compilado ya al respecto y ha dado lugar a la prohibición de este tipo de explotaciones en buena parte de estados y países.
En particular, las empresas que controlan actualmente la explotación del yacimiento de Bajo la Alumbrera tienen numerosos y lamentables antecedentes en el mundo en este sentido: la empresa Xstrata Cooper tiene denuncias, multas y causas judiciales abiertas en Sudáfrica, Australia, Perú, Filipinas y Colombia; Goldcorp Inc., tiene denuncias similares en sus operaciones de San Martín (Honduras), Marlín (Guatemala), Los Filos, Nukay y Peñasquito (México), Pueblo Viejo (República Dominicana) y Marigold, Wark e Imperial Project (Estados Unidos); Yamana Gold, por su parte, tiene multas y causas judiciales abiertas por derrames de agua cianurada en las minas de Copán (Honduras).
La cantidad y diversidad de estos antecedentes, más que indicar la excepcionalidad de los casos, da cuenta de resultados y prácticas sistemáticas consustanciales de este tipo de explotaciones. En todo caso, tales antecedentes ameritan que nuestra Universidad, asuma inequívocamente el compromiso con los intereses de nuestra población provincial y aborde la investigación y el debate profundo de las implicaciones socioambientales, económicas, políticas y culturales de las explotaciones a fin de tomar una posición institucional al respecto.
Por otro lado, dentro de las consideraciones que nos llevan a impulsar el rechazo a los fondos provenientes de Minera Alumbrera, cabe destacar también la abierta contradicción entre el sentido político originario de la ley que estableciera la asignación de fondos resultantes de la explotación del yacimiento para las Universidades Nacionales, y la significación que cobra en el marco de las actuales circunstancias y condiciones en las que dicho reparto se efectiviza. En efecto, cabe recordar que la Ley Nro. 14.771 por la que se crea YMAD tiene como antecedente inmediato las históricas jornadas de movilización del pueblo catamarqueño del 12 y 13 de marzo de 1958 en defensa de los intereses de la provincia y contra la ‘entrega’ de sus yacimientos a ‘empresas foráneas’. En el espíritu de la época plasmado en el texto de la ley queda claro que lo que estaba en discusión era quién controlaría el proceso de explotación y cómo se distribuirían los beneficios: la provincia de Catamarca no quería ceder su rol en ninguno de ambos aspectos y a tales efectos la ley procede a la creación de YMAD con el objeto de “realizar el cateo, exploración y explotación de los minerales de cualquier categoría existentes en la zona minera de Agua de Dionisio, cuya ubicación y superficie se determinan en esta misma ley; y la comercialización e industrialización de sus productos y la realización de cualquiera otra actividad o explotación vinculada a su objetivo principal.” (Art. 1ª de la Ley)
Al mencionar cada una de las etapas del proceso minero, la Ley expresa explícitamente la voluntad de que sea el Estado, a través de YMAD, el que controle todo lo referido a la explotación de los yacimientos. Además la Ley pone énfasis en que no se dé lugar a ninguna empresa privada, mucho menos extranjera, a intervenir o tomar injerencia en la explotación de tales yacimientos, por lo que en tal sentido el Art. 5 de la misma decía: “YMAD no podrá transferir por ningún concepto los derechos que por la presente ley se le otorga ni los que se deriven de la concesión minera a que se refiere el artículo 4º, total ni parcialmente, a personas o empresas privadas, nacionales o extranjeros, ni empresas mixtas, nacionales o provinciales.”(5)
En ese marco, la asignación de fondos a las Universidades Públicas tenía el sentido de alentar el ‘desarrollo nacional’ y afianzar las condiciones de soberanía política, independencia económica y autodeterminación cultural, proyectando a las universidades estatales como centros de producción autonómica de la investigación científica y la innovación tecnológica a tales fines.
Es evidente que las sucesivas reformas impulsadas, primero por las dictaduras militares y luego por las leyes mineras de los ’90 (Leyes 24.196 y sus correlativas), provocaron un cambio drástico de las condiciones históricas en las que finalmente se efectivizaría la explotación de los yacimientos mineros concedidos a YMAD. Más allá de cualquier evaluación política, es un hecho objetivo que tales reformas han significado el ingreso de las grandes corporaciones mineras transnacionales y que son éstas quienes hoy controlan las grandes explotaciones de los recursos mineros del país. Un aspecto no menor dentro de tales cambios es el referido a las sustanciales transformaciones tecnológicas experimentadas por la ‘industria minera’ a nivel mundial, la que, con los procesos extractivos ‘a cielo abierto’ con el uso de sustancias tóxicas, se ha tornado crecientemente destructiva del ambiente y riesgosa para la salud de los hábitats y las poblaciones, como ya se ha indicado.
Como centros de investigación, de producción de conocimiento científico y, sobre todo, como ámbitos de construcción de sentido crítico, las Universidades Nacionales no pueden ignorar o pasar por alto estas sustanciales mudanzas políticas. No es posible soslayar la pregunta sobre cuál sería el sentido justificatorio para que las universidades reciban fondos de esta empresa en las actuales circunstancias.
En virtud de ello, consideramos que la razón ética y política de fondo que torna injustificable moralmente la aceptación de los recursos provenientes de una empresa tan cuestionada y un tipo de explotación tan polémico como el de Minera Alumbrera, tiene que ver con el profundo e inequívoco compromiso político que, entendemos, las Universidades Públicas deben asumir para con los intereses mayoritarios de nuestras poblaciones. Como agentes públicos al servicio de nuestras poblaciones, no podemos soslayar las graves connotaciones políticas y epistémicas que implicaría la actitud de aceptar sin mayores debates tales recursos.
Más allá de las innegables necesidades financieras con las que hoy se desenvuelve el sistema universitario en su conjunto, una actitud tal pondría a nuestras Universidades bajo la lógica y fundada sospecha de defraudar tal compromiso político, dando la espalda a los reclamos y denuncias de nuestras poblaciones y asumiendo, por el contrario, una soterrada complicidad para con la empresa en cuestión.
Por el contrario, rechazar esos fondos bajo objeciones éticas constituiría un indeleble acto de magisterio y ejemplaridad para el conjunto de nuestra sociedad y honraría la más pura tradición democrática de nuestra historia. La producción de conocimiento, favorecida en el capitalismo periférico hoy, toma como presupuesto casi indiscutible una economía fuertemente productora de materias primas y el uso intensivo de energía, debilitando así la que debería ser una dimensión crucial de la universidad: su capacidad anticipatoria de los problemas sociales y ambientales. En tal sentido, los aportes de recursos de este tipo debilitan a las universidades públicas en tanto instituciones sociales comprometidas con los problemas nacionales y de los pueblos.
La democratización de la Universidad Pública debe significar, ante todo, la construcción de una Universidad inequívocamente comprometida y al servicio de los intereses de nuestro Pueblo. En este sentido, el carácter público de la educación y de la formación universitaria no se puede restringir a los principios mínimos de ‘ingreso irrestricto y gratuidad’ sino que debe contemplar la preservación de la autonomía universitaria tanto frente a los grupos político-partidarios que ocasionalmente ejercen funciones gubernamentales cuanto -más aún- frente a grupos empresariales y actores privados. El reclamo de una mayor inserción y compromiso de la Universidad con su sociedad local no puede confundirse distorsivamente con su articulación funcional al ‘mercado’ como proveedores de servicios, sino que, por el contrario, debe orientarse a proveer recursos cognitivos y críticos en diálogo con las mayorías más postergadas de nuestra sociedad, a fin de contribuir a la democratización de los procesos de construcción social del presente y el futuro.
Esperando comparta nuestros objetivos y aspiraciones, instamos a que tome medidas urgentes para rechazar los mencionados fondos y diligenciar ante el Consejo Interuniversitario Nacional un planteo similar al respecto.
Sin otro particular, saludamos a Ud. atentamente.
Elsa Ponce (DNI 17.529.677); Carlos Fígari (DNI 17.784.490); Alejandro Haber (17.365.319); Juan Manuel March (DNI 17.755.111); Luis Alberto Reyes (DNI 6.655.498); Horacio Machado Aráoz (DNI 21.325.778); Valentín González (DNI 8.157.148); Carina Jofré (DNI 25.995.603); Luis Ibáñez (DNI 14.058.716); Héctor Ariel Feruglio (DNI 25.117.242); María Martha Ríos (DNI 18.060.665); María Teresa Cano; Nelson Mercado (DNI 35.391.503); José M. Agüero (36.029.358); Ana Laura Vera (DNI 35.286.155); Gustavo Vera; Cristina Visñovezky (35.388.113); Jorge Alberto Perea (DNI 21.661.083); Maximiliano Arréguez (DNI 35.389.030); Laura Roda (29.311.863); Enzo M. Acuña (DNI 31.450.884); Cristian A. González (DNI32.445.289); Leandro D’Amore (DNI 23.958.650); Vanina Picapietra (DNI 27.848.376); Débora Egea (DNI 34.927.220); Selene Araya (P 17016879-8); Mariana Barrionuevo (DNI 30.121.953); Rocío Carolina Mallea (DNI 33.935.357); Nicolás M. Ahumada (DNI 33.550.192); Marcia Vergara (DNI 34.243.328); Enrique A. Moreno (DNI 27.957.535); Pablo Olea (DNI 30.319.575); Pablo Romero (DNI 32.750.273); Sergio Silva (DNI 29.310.737); Gilda Saquilán (DNI 35.500.999); Georgina Ríos (DNI 39.015.238)
(1) Causa “GONZALEZ, Juan Antonio s/infracción a la Ley 24.051” Expediente Nro. 47958. Juzgado Federal de Tucumán Nª II.
(2) Secretaría de Minería de la Nación, Provincia de Tucumán –Determinación de impactos ambientales, marzo de 2007.
(3) Como lo ha denunciado el Defensor del Pueblo de la Nación, las donaciones sistemáticas de las mineras “acompañadas de ostentosos actos publicitarios a favor de las empresas involucradas, provocarían la captación indirecta de voluntades y la limitación del ejercicio de la libertad de opinión de las comunidades…” y por lo cual insta al Estado a ser “extremadamente cuidadoso para que el cumplimiento de las funciones que le son obligatorias y justifican su razón de ser, tales como la promoción de la educación, la salud y la preservación del ambiente, no se conviertan en un instrumento de ‘asistencialismo minero’…”. Defensoría del Pueblo de la Nación, Actuación Nro. 2538/05.
(4) En este sentido, recordemos que la manifiesta connivencia de los poderes del estado para con las explotaciones mineras, ha llegado a veces al extremo ilógico de prohibir la expresión popular a través de un plebiscito para que los propios pobladores se expidan sobre si quieren o no este tipo de explotaciones, como ha sucedido con el pueblo de Tinogasta en diciembre de 2007.
(5) Centro de las pujas políticas sobre la cuestión minera, no resulta ocioso señalar que el artículo 5 de la Ley 14.771 sería objeto de sucesivas reformas, ya derogatorias por gobiernos ‘liberales’, ya restauradoras por gobiernos ‘nacionalistas’: la primera anulación de dicho artículo se realizaría a través del decreto ley 17.819/68 impulsada por el entonces ministro de economía Adalbert Krieger Vasenna y sancionada por el dictador Onganía. Luego, sería posteriormente restablecido bajo la última presidencia de Perón a través de la sanción de la Ley 21.204 del año 1975, para ser finalmente derogado definitivamente bajo la última dictadura militar. En ese marco, Martínez de Hoz impulsa la reforma del Código de Minería a fin de generar un marco de promoción de la inversión extranjera destinadas a las explotaciones mineras. El código de minería se reforma por la ley Nª 22.259 “con el objeto de alentar la minería en gran escala y para lo cual prevé la exploración y/o explotación de yacimientos por terceros…”. Luego de la reforma del Código, se sanciona el decreto ley 22.384 que, una vez más, tiene el único objeto de sustituir el artículo 5ª originario y de permitir la celebración de convenios y la transferencia de derechos de YMAD a terceras personas físicas y o jurídicas, nacionales y /o extranjeras. Es bajo la vigencia de esta ley que se firmará luego, en el año 1994 el contrato por el que se conforma la Unión Transitoria de Empresas entre YMAD y Minera Alumbrera Ltd. y la que permite actualmente su explotación por parte del holding de empresas transnacionales lideradas hoy por Xstrata Cooper
SEÑOR RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
Ing. FLAVIO FAMA
De nuestra mayor consideración.-
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. y, por su intermedio, al Consejo Superior de nuestra Casa de Estudios a fin de solicitarles tengan a bien rechazar los fondos provenientes de la explotación minera operada por la empresa Minera Alumbrera Ltd., y que por segundo año consecutivo se ha repartido entre las Universidades nacionales del país, de acuerdo a lo establecido por el art. 18 de la Ley Nro. 14.771. Asimismo queremos solicitar que a través de la Universidad Nacional de Catamarca se plantee al Consejo Interuniversitario Nacional una disposición en el mismo sentido.-
Profundas razones éticas y políticas de fondo justifican esta solicitud. En primer lugar, no se puede desconocer que esos fondos provienen de una empresa que se halla actualmente procesada por el delito federal de contaminación peligrosa para la salud, en infracción del art. 55 de la Ley 24.051 (1), a raíz de la composición y de los niveles de metales hallados en los efluentes que la minera desecha en el canal DP2 en la provincia de Tucumán y que desembocan finalmente en el embalse de Termas de Río Hondo (provincia de Santiago del Estero). Tras un largo proceso judicial –la causa se inició en 1999- la Cámara Federal de Tucumán, basándose en el propio informe de impacto ambiental elaborado y presentado por la empresa, en pericias realizadas por Gendarmería Nacional y la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Tucumán y en un informe de la misma Secretaría de Minería de la Nación (2), consideró que “se encuentra acreditada la existencia de contaminación ambiental en el canal de desagüe donde vuelca sus efluentes industriales la empresa Minera La Alumbrera” y procesó al vicepresidente de la firma, Julián Rooney, en mayo de 2008. Si bien se trata de un proceso judicial abierto, a la espera del juicio oral y público para el Sr. Rooney, llama profundamente la atención que no se hayan suspendido preventivamente las operaciones de la minera hasta que finalice dicho proceso. En relación a nuestro pedido, consideramos que, como mínimo, no habría que aceptar dichos fondos hasta tanto no haya una resolución definitiva sobre la causa.
En segundo lugar, tampoco se puede desconocer ni hacer caso omiso de las cuantiosas y graves denuncias que, más allá de los estrados judiciales, vienen realizando las poblaciones aledañas sobre el severo impacto socioambiental, económico, político y cultural negativo que esta explotación ha significado y continúa provocando en su vasta zona de influencia. Debido a la grave e irreversible destrucción de los ecosistemas, la contaminación de las fuentes de agua, el descomunal consumo de agua y de energía, la magnitud y peligrosidad de los insumos y efluentes, la profunda afectación de la flora, la fauna, el hábitat y el paisaje local, la consecuente pérdida de biodiversidad y la degradación general de las condiciones socioambientales mínimas requeridas para las restantes actividades económicas, para la salud humana y la reproducción de la vida en general, involucradas como efectos y consecuencias insoslayables de este tipo de explotaciones mineras, ha hecho de las mismas una de las actividades ‘económicas’ más cuestionadas y resistidas a nivel mundial.
En consonancia con tales resistencias, las poblaciones aledañas al emprendimiento han venido denunciando sistemáticamente las alteraciones en sus ambientes y formas de vida, y la degradación generalizada de sus condiciones sanitarias. Como respuesta, nuestras poblaciones del interior sólo han visto incrementarse hasta niveles ridículos las vergonzantes prácticas del clientelismo de empresa practicado por Minera Alumbrera bajo el revestimiento ideológico de la denominada ‘responsabilidad social empresaria’, para acallar las voces críticas y fabricar espuriamente ‘consensos pro-mineros’ nacidos de la coerción económica (3). De parte de las autoridades gubernamentales, el silencio y la omisión sistemática, la falta de controles y de voluntad política para constatar y fiscalizar las operaciones de la explotación y sus efectos, han sido la respuesta oficial generalizada a tales reclamos (4).
Frente a este panorama, nuestra Alta Casa de Estudios no puede seguir pretendiendo permanecer al margen de los conflictos suscitados. Como institución dedicada a la investigación científica, no podemos ignorar la multiplicidad de casos de destrucción y contaminación ambiental que la minería a gran escala ha generado a nivel mundial y la cantidad de denuncias y causas judiciales abiertas por violaciones a los derechos humanos frente a poblaciones que se han opuesto a la radicación de sus explotaciones alrededor del mundo. Una vasta bibliografía se ha compilado ya al respecto y ha dado lugar a la prohibición de este tipo de explotaciones en buena parte de estados y países.
En particular, las empresas que controlan actualmente la explotación del yacimiento de Bajo la Alumbrera tienen numerosos y lamentables antecedentes en el mundo en este sentido: la empresa Xstrata Cooper tiene denuncias, multas y causas judiciales abiertas en Sudáfrica, Australia, Perú, Filipinas y Colombia; Goldcorp Inc., tiene denuncias similares en sus operaciones de San Martín (Honduras), Marlín (Guatemala), Los Filos, Nukay y Peñasquito (México), Pueblo Viejo (República Dominicana) y Marigold, Wark e Imperial Project (Estados Unidos); Yamana Gold, por su parte, tiene multas y causas judiciales abiertas por derrames de agua cianurada en las minas de Copán (Honduras).
La cantidad y diversidad de estos antecedentes, más que indicar la excepcionalidad de los casos, da cuenta de resultados y prácticas sistemáticas consustanciales de este tipo de explotaciones. En todo caso, tales antecedentes ameritan que nuestra Universidad, asuma inequívocamente el compromiso con los intereses de nuestra población provincial y aborde la investigación y el debate profundo de las implicaciones socioambientales, económicas, políticas y culturales de las explotaciones a fin de tomar una posición institucional al respecto.
Por otro lado, dentro de las consideraciones que nos llevan a impulsar el rechazo a los fondos provenientes de Minera Alumbrera, cabe destacar también la abierta contradicción entre el sentido político originario de la ley que estableciera la asignación de fondos resultantes de la explotación del yacimiento para las Universidades Nacionales, y la significación que cobra en el marco de las actuales circunstancias y condiciones en las que dicho reparto se efectiviza. En efecto, cabe recordar que la Ley Nro. 14.771 por la que se crea YMAD tiene como antecedente inmediato las históricas jornadas de movilización del pueblo catamarqueño del 12 y 13 de marzo de 1958 en defensa de los intereses de la provincia y contra la ‘entrega’ de sus yacimientos a ‘empresas foráneas’. En el espíritu de la época plasmado en el texto de la ley queda claro que lo que estaba en discusión era quién controlaría el proceso de explotación y cómo se distribuirían los beneficios: la provincia de Catamarca no quería ceder su rol en ninguno de ambos aspectos y a tales efectos la ley procede a la creación de YMAD con el objeto de “realizar el cateo, exploración y explotación de los minerales de cualquier categoría existentes en la zona minera de Agua de Dionisio, cuya ubicación y superficie se determinan en esta misma ley; y la comercialización e industrialización de sus productos y la realización de cualquiera otra actividad o explotación vinculada a su objetivo principal.” (Art. 1ª de la Ley)
Al mencionar cada una de las etapas del proceso minero, la Ley expresa explícitamente la voluntad de que sea el Estado, a través de YMAD, el que controle todo lo referido a la explotación de los yacimientos. Además la Ley pone énfasis en que no se dé lugar a ninguna empresa privada, mucho menos extranjera, a intervenir o tomar injerencia en la explotación de tales yacimientos, por lo que en tal sentido el Art. 5 de la misma decía: “YMAD no podrá transferir por ningún concepto los derechos que por la presente ley se le otorga ni los que se deriven de la concesión minera a que se refiere el artículo 4º, total ni parcialmente, a personas o empresas privadas, nacionales o extranjeros, ni empresas mixtas, nacionales o provinciales.”(5)
En ese marco, la asignación de fondos a las Universidades Públicas tenía el sentido de alentar el ‘desarrollo nacional’ y afianzar las condiciones de soberanía política, independencia económica y autodeterminación cultural, proyectando a las universidades estatales como centros de producción autonómica de la investigación científica y la innovación tecnológica a tales fines.
Es evidente que las sucesivas reformas impulsadas, primero por las dictaduras militares y luego por las leyes mineras de los ’90 (Leyes 24.196 y sus correlativas), provocaron un cambio drástico de las condiciones históricas en las que finalmente se efectivizaría la explotación de los yacimientos mineros concedidos a YMAD. Más allá de cualquier evaluación política, es un hecho objetivo que tales reformas han significado el ingreso de las grandes corporaciones mineras transnacionales y que son éstas quienes hoy controlan las grandes explotaciones de los recursos mineros del país. Un aspecto no menor dentro de tales cambios es el referido a las sustanciales transformaciones tecnológicas experimentadas por la ‘industria minera’ a nivel mundial, la que, con los procesos extractivos ‘a cielo abierto’ con el uso de sustancias tóxicas, se ha tornado crecientemente destructiva del ambiente y riesgosa para la salud de los hábitats y las poblaciones, como ya se ha indicado.
Como centros de investigación, de producción de conocimiento científico y, sobre todo, como ámbitos de construcción de sentido crítico, las Universidades Nacionales no pueden ignorar o pasar por alto estas sustanciales mudanzas políticas. No es posible soslayar la pregunta sobre cuál sería el sentido justificatorio para que las universidades reciban fondos de esta empresa en las actuales circunstancias.
En virtud de ello, consideramos que la razón ética y política de fondo que torna injustificable moralmente la aceptación de los recursos provenientes de una empresa tan cuestionada y un tipo de explotación tan polémico como el de Minera Alumbrera, tiene que ver con el profundo e inequívoco compromiso político que, entendemos, las Universidades Públicas deben asumir para con los intereses mayoritarios de nuestras poblaciones. Como agentes públicos al servicio de nuestras poblaciones, no podemos soslayar las graves connotaciones políticas y epistémicas que implicaría la actitud de aceptar sin mayores debates tales recursos.
Más allá de las innegables necesidades financieras con las que hoy se desenvuelve el sistema universitario en su conjunto, una actitud tal pondría a nuestras Universidades bajo la lógica y fundada sospecha de defraudar tal compromiso político, dando la espalda a los reclamos y denuncias de nuestras poblaciones y asumiendo, por el contrario, una soterrada complicidad para con la empresa en cuestión.
Por el contrario, rechazar esos fondos bajo objeciones éticas constituiría un indeleble acto de magisterio y ejemplaridad para el conjunto de nuestra sociedad y honraría la más pura tradición democrática de nuestra historia. La producción de conocimiento, favorecida en el capitalismo periférico hoy, toma como presupuesto casi indiscutible una economía fuertemente productora de materias primas y el uso intensivo de energía, debilitando así la que debería ser una dimensión crucial de la universidad: su capacidad anticipatoria de los problemas sociales y ambientales. En tal sentido, los aportes de recursos de este tipo debilitan a las universidades públicas en tanto instituciones sociales comprometidas con los problemas nacionales y de los pueblos.
La democratización de la Universidad Pública debe significar, ante todo, la construcción de una Universidad inequívocamente comprometida y al servicio de los intereses de nuestro Pueblo. En este sentido, el carácter público de la educación y de la formación universitaria no se puede restringir a los principios mínimos de ‘ingreso irrestricto y gratuidad’ sino que debe contemplar la preservación de la autonomía universitaria tanto frente a los grupos político-partidarios que ocasionalmente ejercen funciones gubernamentales cuanto -más aún- frente a grupos empresariales y actores privados. El reclamo de una mayor inserción y compromiso de la Universidad con su sociedad local no puede confundirse distorsivamente con su articulación funcional al ‘mercado’ como proveedores de servicios, sino que, por el contrario, debe orientarse a proveer recursos cognitivos y críticos en diálogo con las mayorías más postergadas de nuestra sociedad, a fin de contribuir a la democratización de los procesos de construcción social del presente y el futuro.
Esperando comparta nuestros objetivos y aspiraciones, instamos a que tome medidas urgentes para rechazar los mencionados fondos y diligenciar ante el Consejo Interuniversitario Nacional un planteo similar al respecto.
Sin otro particular, saludamos a Ud. atentamente.
Elsa Ponce (DNI 17.529.677); Carlos Fígari (DNI 17.784.490); Alejandro Haber (17.365.319); Juan Manuel March (DNI 17.755.111); Luis Alberto Reyes (DNI 6.655.498); Horacio Machado Aráoz (DNI 21.325.778); Valentín González (DNI 8.157.148); Carina Jofré (DNI 25.995.603); Luis Ibáñez (DNI 14.058.716); Héctor Ariel Feruglio (DNI 25.117.242); María Martha Ríos (DNI 18.060.665); María Teresa Cano; Nelson Mercado (DNI 35.391.503); José M. Agüero (36.029.358); Ana Laura Vera (DNI 35.286.155); Gustavo Vera; Cristina Visñovezky (35.388.113); Jorge Alberto Perea (DNI 21.661.083); Maximiliano Arréguez (DNI 35.389.030); Laura Roda (29.311.863); Enzo M. Acuña (DNI 31.450.884); Cristian A. González (DNI32.445.289); Leandro D’Amore (DNI 23.958.650); Vanina Picapietra (DNI 27.848.376); Débora Egea (DNI 34.927.220); Selene Araya (P 17016879-8); Mariana Barrionuevo (DNI 30.121.953); Rocío Carolina Mallea (DNI 33.935.357); Nicolás M. Ahumada (DNI 33.550.192); Marcia Vergara (DNI 34.243.328); Enrique A. Moreno (DNI 27.957.535); Pablo Olea (DNI 30.319.575); Pablo Romero (DNI 32.750.273); Sergio Silva (DNI 29.310.737); Gilda Saquilán (DNI 35.500.999); Georgina Ríos (DNI 39.015.238)
(1) Causa “GONZALEZ, Juan Antonio s/infracción a la Ley 24.051” Expediente Nro. 47958. Juzgado Federal de Tucumán Nª II.
(2) Secretaría de Minería de la Nación, Provincia de Tucumán –Determinación de impactos ambientales, marzo de 2007.
(3) Como lo ha denunciado el Defensor del Pueblo de la Nación, las donaciones sistemáticas de las mineras “acompañadas de ostentosos actos publicitarios a favor de las empresas involucradas, provocarían la captación indirecta de voluntades y la limitación del ejercicio de la libertad de opinión de las comunidades…” y por lo cual insta al Estado a ser “extremadamente cuidadoso para que el cumplimiento de las funciones que le son obligatorias y justifican su razón de ser, tales como la promoción de la educación, la salud y la preservación del ambiente, no se conviertan en un instrumento de ‘asistencialismo minero’…”. Defensoría del Pueblo de la Nación, Actuación Nro. 2538/05.
(4) En este sentido, recordemos que la manifiesta connivencia de los poderes del estado para con las explotaciones mineras, ha llegado a veces al extremo ilógico de prohibir la expresión popular a través de un plebiscito para que los propios pobladores se expidan sobre si quieren o no este tipo de explotaciones, como ha sucedido con el pueblo de Tinogasta en diciembre de 2007.
(5) Centro de las pujas políticas sobre la cuestión minera, no resulta ocioso señalar que el artículo 5 de la Ley 14.771 sería objeto de sucesivas reformas, ya derogatorias por gobiernos ‘liberales’, ya restauradoras por gobiernos ‘nacionalistas’: la primera anulación de dicho artículo se realizaría a través del decreto ley 17.819/68 impulsada por el entonces ministro de economía Adalbert Krieger Vasenna y sancionada por el dictador Onganía. Luego, sería posteriormente restablecido bajo la última presidencia de Perón a través de la sanción de la Ley 21.204 del año 1975, para ser finalmente derogado definitivamente bajo la última dictadura militar. En ese marco, Martínez de Hoz impulsa la reforma del Código de Minería a fin de generar un marco de promoción de la inversión extranjera destinadas a las explotaciones mineras. El código de minería se reforma por la ley Nª 22.259 “con el objeto de alentar la minería en gran escala y para lo cual prevé la exploración y/o explotación de yacimientos por terceros…”. Luego de la reforma del Código, se sanciona el decreto ley 22.384 que, una vez más, tiene el único objeto de sustituir el artículo 5ª originario y de permitir la celebración de convenios y la transferencia de derechos de YMAD a terceras personas físicas y o jurídicas, nacionales y /o extranjeras. Es bajo la vigencia de esta ley que se firmará luego, en el año 1994 el contrato por el que se conforma la Unión Transitoria de Empresas entre YMAD y Minera Alumbrera Ltd. y la que permite actualmente su explotación por parte del holding de empresas transnacionales lideradas hoy por Xstrata Cooper
9/9/09
Radiografía del saqueo
Ya no existe la clásica imagen de túneles oscuros en las montañas, con mineros, picos, palas y pepitas de oro. Para extraer metales se utiliza maquinaria de última tecnología, gigantes palas mecánicas, monumentales explosiones y enormes piletones con sopas químicas, en una utilización intensiva de energía y enorme cantidades de agua en zonas semidesérticas.
A pesar del cuestionamiento de las poblaciones afectadas, las minas de oro, plata y cobre se reproducen en Argentina. Involucra directa e indirectamente a 15 provincias, se construyen 5 emprendimiento nuevos y se exploran otros 140. Los 10 actualmente en explotación proyectan una ganancia total de 16.700 millones de dólares. De esa riqueza natural, poco y nada queda en el país.
Todo lo que se extrae se refina en el exterior. Las empresas envían a sus casas matrices el barro que sacan de las minas y luego de 60 días notifican al país qué tipo y cantidades de minerales encontraron. Esto ante la ausencia de controles físicos en la frontera que eviten el contrabando exportador de sustancias mineras.
El carácter de recurso no renovable de los minerales extraídos, los impactos contaminantes involucrados, el nulo valor agregado nacional de las exportaciones, forman parte de este saqueo de los recursos naturales que se extiende por Latinoamérica.
Compañías transnacionales vienen a hacer aquí lo que en sus países está prohibido. Para eso prepararon el terreno hace algunos años, modificando directamente las legislaciones de nuestros países, ayudados por tanto político cipayo que consintieron la entrega de su patria al coloniaje.
Determinaron incluso una zona franca minera en zona limítrofe de Chile y Argentina, dejando a merced del saqueo 5000 kilómetros de cordillera. Allí ya se proyecta la construcción de Pascua Lama, donde la canadiense Barrick Gold promete construir la minera mas grande de Latinoamérica, que utilizará 17 camiones con cianuro por mes, 370 litros de agua por segundo en una zona semidesértica y 200 camiones de explosivos al mes.
Las Venas continúan abiertas, el saqueo se ha renovado, los cipayos siguen vigentes, pero también la conciencia y resistencia de un pueblo que esta dispuesto a organizarse y luchar por un desarrollo soberano y sustentable, que permita la redención histórica y la felicidad para el pueblo de la Patria Grande Latinoamericana.
A pesar del cuestionamiento de las poblaciones afectadas, las minas de oro, plata y cobre se reproducen en Argentina. Involucra directa e indirectamente a 15 provincias, se construyen 5 emprendimiento nuevos y se exploran otros 140. Los 10 actualmente en explotación proyectan una ganancia total de 16.700 millones de dólares. De esa riqueza natural, poco y nada queda en el país.
Todo lo que se extrae se refina en el exterior. Las empresas envían a sus casas matrices el barro que sacan de las minas y luego de 60 días notifican al país qué tipo y cantidades de minerales encontraron. Esto ante la ausencia de controles físicos en la frontera que eviten el contrabando exportador de sustancias mineras.
El carácter de recurso no renovable de los minerales extraídos, los impactos contaminantes involucrados, el nulo valor agregado nacional de las exportaciones, forman parte de este saqueo de los recursos naturales que se extiende por Latinoamérica.
Compañías transnacionales vienen a hacer aquí lo que en sus países está prohibido. Para eso prepararon el terreno hace algunos años, modificando directamente las legislaciones de nuestros países, ayudados por tanto político cipayo que consintieron la entrega de su patria al coloniaje.
Determinaron incluso una zona franca minera en zona limítrofe de Chile y Argentina, dejando a merced del saqueo 5000 kilómetros de cordillera. Allí ya se proyecta la construcción de Pascua Lama, donde la canadiense Barrick Gold promete construir la minera mas grande de Latinoamérica, que utilizará 17 camiones con cianuro por mes, 370 litros de agua por segundo en una zona semidesértica y 200 camiones de explosivos al mes.
Las Venas continúan abiertas, el saqueo se ha renovado, los cipayos siguen vigentes, pero también la conciencia y resistencia de un pueblo que esta dispuesto a organizarse y luchar por un desarrollo soberano y sustentable, que permita la redención histórica y la felicidad para el pueblo de la Patria Grande Latinoamericana.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)